La salud mental en el sistema penitenciario: un desafío invisibilizado

En una nueva sesión de nuestros coloquios académicos, el psiquiatra e investigador, Dr. Adrián Mundt, presentó los resultados de más de una década de investigación sobre la relación entre salud mental y encarcelamiento en América Latina, destacando cómo la reducción de camas psiquiátricas y la falta de atención comunitaria han trasladado el peso del cuidado mental a las cárceles, hoy convertidas en espacios de institucionalización invisibles.

El Dr. Adrián Mundt, académico e investigador de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Chile, expuso los hallazgos de sus investigaciones sobre la salud mental en contextos de encierro, subrayando el aumento del encarcelamiento en la región tras los procesos de desinstitucionalización psiquiátrica.

Basándose en estudios realizados en distintos países de América Latina, el especialista explicó que existe una relación directa entre la reducción de camas psiquiátricas y el incremento sostenido de las tasas de encarcelamiento, fenómeno conocido como la Hipótesis de Penrose. Según indicó en su exposición, en países como Chile, Brasil y Uruguay, la desinstitucionalización psiquiátrica no ha sido acompañada de una red comunitaria sólida, lo que ha llevado a que la institucionalización psiquiátrica ocurra actualmente dentro de las cárceles.

El investigador advirtió que esta situación ha generado una alta concentración de personas con trastornos mentales graves, adicciones y condiciones no tratadas en el sistema penitenciario, donde el hacinamiento, las brechas de atención y la falta de programas de rehabilitación profundizan los problemas existentes. Asimismo, planteó que la criminalización del consumo de drogas y la ausencia de políticas preventivas han contribuido a reforzar la vulnerabilidad social y sanitaria de quienes ingresan al sistema penal.

Durante su exposición, el Dr. Mundt también presentó los avances de su equipo en el mapeo del sistema de psiquiatría forense en Chile, orientado a identificar brechas de cobertura y derivación de personas con diagnóstico psiquiátrico dentro del sistema penal. Concluyó que el país requiere una política de salud mental penitenciaria sólida, con equipos interdisciplinarios y programas de reinserción efectivos, capaces de garantizar el derecho a la salud y promover una respuesta estatal más humana y preventiva frente a la privación de libertad.

Ve la presentación a continuación: